Donald Trump asumirá la presidencia el 20 de enero de este año, y miles de migrantes continúan la carrera para cruzar la frontera antes de que llegue al poder. Una de las principales propuestas de campaña del presidente electo fue frenar la migración y está dispuesto a usar la Guardia Nacional, la policía e incluso el ejército para lograrlo.
Este despliegue de fuerzas armadas está justificado por un discurso que ya conocemos bien. Trump habla de una invasión de asesinos y violadores: “Nos roban nuestros trabajos, nuestras riquezas”. Gracias a este discurso o paralelo a él, muchos estadounidenses (el 55%) consideran la inmigración como un problema crítico, según una encuesta de Gallup en 2024. La mayoría apoya la construcción del muro en la frontera con México y el 47% respalda la propuesta de deportar a todos los inmigrantes indocumentados.
En febrero de 2024 ya se proponía “llevar a cabo la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense”. El presidente calculó que había entre 15 y 20 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos en una entrevista que le hizo la revista Time en abril de 2024, aunque en realidad la cifra es más cercana a los 11 millones, según el Pew Research Center (2022). 4 de 5 de estas personas llevan más de 10 años en el país.
¿Cómo quiere lograr esto? En primer lugar, quiere construir campos de detención de migrantes. Los centros actuales solo cuentan con 45 mil camas y se calcula que los migrantes ilegales en el país son 11 millones entonces tendría que construir cientos de campos. El estado de Texas ya ofreció un terreno que equivale a 700 campos de fútbol para construir un campo de detención masivo.
Este mismo estado servirá como punta de lanza para el proyecto de deportación, ya que, en 2023, el gobernador Greg Abbott promulgó la ley SB4, que convirtió en un delito estatal la entrada irregular. Esto facultaba a la policía a detener a los inmigrantes que hayan cruzado la frontera o que sean sospechosos de haberlo hecho, y llevarlos ante un juez que puede ordenar su salida inmediata del país, así como cambiar para siempre su situación legal.
La policía en Estados Unidos no está autorizada para pedir constancia de la situación migratoria; esa facultad estaba limitada a las autoridades migratorias. Esta ley causó controversia porque las leyes migratorias son federales, por lo que la Corte la ha parado en varias ocasiones.
En segundo lugar, terminar de construir los tramos del muro que la administración de Biden, en la visión de Trump, dejó incompletos, así como instalar 100 mil cámaras, además de las 40 mil que ya hay en la frontera. Otra de sus propuestas es mantener fuera del país a enemigos, fanáticos y maníacos; para ello tendrá un “fuerte control ideológico de todos los inmigrantes a Estados Unidos”. Planea ordenar a policías locales y estatales que registren escuelas, iglesias, etc., así como instalar puntos de chequeo. Aunque estados como Nueva York y California han dicho que no se sumarán a estos esfuerzos.
Las leyes en las que se fundamenta esta operación son dos: Insurrection Act de 1807, que autoriza usar al ejército cuando el país está en peligro, y Alien Enemies Act de 1798, que permite al presidente deportar a no ciudadanos que pertenezcan a naciones enemigas. Ambas leyes probablemente serán impugnadas en las cortes. Además, para sacar al ejército para realizar una tarea doméstica, el presidente tiene que obtener el respaldo del Congreso, según la ley de 1878, Posse Comitatus.
Adicionalmente, Trump planea cambiar las leyes de las ciudades santuarios, en las existen políticas más amigables como evitar la cooperación de la policía para la detención de inmigrantes. También planea dar inmunidad a los policías para protegerlos de las demandas progresistas. Los costos para llevar a cabo esta operación son elevadísimos. Según un análisis de CBS, deportar a un millón de migrantes puede costar 20 millones de dólares.
Y, sin embargo, el principal problema de esta propuesta es la cooperación de los países de origen para recibir a los migrantes deportados. Muchos de los países, entre ellos México, no tienen la infraestructura para acogerlos. Trump ha amenazado a los países de origen con subir los aranceles de las importaciones si no aceptan a los deportados.
Para llevar a cabo estas operaciones hay dos personajes importantes: Tom Homan y Stephen Miller. Homan, apodado por Trump el “Border Czar”, se desempeñó como jefe de Inmigración y Control de Aduanas en su primera administración y fue el arquitecto de la política controversial de separación de familias migrantes. En junio dijo: “Si estás en el país ilegalmente, será mejor que mires por encima del hombro”.
Stephen Miller, que se desempeñará como Deputy Chief of Staff, ha promovido planes para lograr la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Ha advertido que, desde el primer día del próximo mandato, el 20 de enero, se cerrará la frontera y nadie podrá entrar.
En la pasada administración de Trump, impulsó la “Zero Tolerance Policy” que separó a miles de migrantes de sus hijos con el fin de disuadir a las madres de intentar cruzar la frontera. 1,300 de los niños que fueron separados de sus familias no se han vuelto a reunir con ellos, según un informe de Human Rights Watch, que calificó esta medida como desaparición forzada y tortura. Trump ya ha dicho que, en vez de separar familias, va a mandar a todos al otro lado de la frontera.
Un último personaje: el próximo vicepresidente, J. D. Vance, quien se centrará en expulsar en primera instancia a criminales. A pesar de recrudecer las políticas migratorias, Trump en junio dijo en el podcast “The All In Podcast” que a cualquier persona que obtuviera un título universitario se le otorgará una green card.
Algunas medidas que tomó en su anterior mandato fueron limitar los programas visados que las empresas ofrecían a trabajadores calificados de alrededor del mundo, el programa “Buy American, Hire American”, en el que se impulsaba contratar a los estadounidenses, y la prohibición temporal de visitas de siete países, la mayoría musulmanes. Esta última propuesta la retomó para su segundo mandato: limitará las visitas de países musulmanes, suspenderá los campos de refugiados y deportará a quien tenga “simpatías yihadistas”.
México se prepara para recibir millones de migrantes
Claudia Sheinbaum se ha mostrado reacia a negociar en los términos que Trump propone. Ante la amenaza de aumentar los aranceles un 25% hasta frenar la migración y el tráfico de fentanilo, la presidenta de México mandó una carta que leyó en la mañanera del 25 de noviembre de 2024, en la que escribió que los aranceles causarán daño a la población de Estados Unidos.
Y sobre la epidemia del fentanilo: “Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, los ponemos nosotros”. Cerró la misiva proponiendo un diálogo.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, también había adelantado que, de sostenerse la amenaza de los aranceles, México se vería obligado a igualarlos, lo cual causaría inflación en los precios y afectaría principalmente a la población de ambos países.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una conversación telefónica el 27 de noviembre. Ambos coincidieron en que fue una plática muy productiva, y, sin embargo, el contenido de esa conversación que publicaron en sus redes sociales fue ligeramente distinto.
La presidenta dijo que le explicó al presidente de Estados Unidos que las caravanas de migrantes provenientes del sur estaban siendo atendidas en el país y cerró el tweet recalcando que su gobierno no cierra fronteras, sino que tiende puentes. Por su parte, Trump declaró que la presidenta accedió a detener la migración en México.
Al día siguiente, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que no cerraría ninguna frontera, ni la de Estados Unidos ni la de los países del sur, en la conferencia matutina. “Cada quien tiene su manera de comunicar”, se justificó. Trump reiteró en sus redes sociales que México evitará que los migrantes crucen la frontera.
Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha empezado a implementar políticas para asentar a los inmigrantes en México, como colaborar con países del sur, como Honduras, para frenar la migración mediante programas sociales y ayudas, emprender la reforma al Instituto de Migración, que acumula escándalos de corrupción e ineficiencia, pedir que se finalicen los bloqueos a países como Cuba y Venezuela (lo que intensifica la precariedad económica), y crear programas desde la Secretaría de Trabajo para ofrecer empleo a quien se quiera quedar, no es posible alojar a todos los migrantes que están cruzando el país hacia Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum también ha dicho que solo dará apoyo y respaldo a los deportados que sean mexicanos, y ha solicitado que Estados Unidos envíe a los deportados a sus países de origen directamente, sin pasar por México. Sin embargo, hay grandes probabilidades de que manden a todos los deportados a nuestro país.
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, viajó a Estados Unidos para pedir a los 52 consulados de México defender a los mexicanos. Anunció que ha reforzado la fuerza jurídica en los consulados; actualmente hay 2,610 abogados y asistentes para defender a los connacionales, aunque mandará más de ser necesario. Los mexicanos indocumentados en este país se calcula que son 5 millones.
La frontera
El 2025 será el año de las deportaciones, según Trump y su equipo. En 2024 hubo 278,024 deportaciones y se realizaron 925,000 detenciones de migrantes en la frontera con Estados Unidos, ambas cifras muy superiores en comparación con años anteriores. Sin embargo, este año se propone deportar al menos a un millón de migrantes.
La migración ha aumentado conforme a los años. Desde 2010, la cantidad de migrantes fue relativamente estable (aproximadamente 40,000 personas cruzaron la frontera por año). Sin embargo, en 2020 estos números ascendieron a 170,000 personas por año.
Este año México recibió migrantes principalmente de Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala, aunque también llegaron inmigrantes de China, India, Angola, Camerún, Congo, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal y Somalia.
Tras las elecciones en Estados Unidos a principios de noviembre, éxodos de migrantes se formaron en el sur para llegar a Ciudad de México. Muchos de los inmigrantes en Chiapas y Oaxaca fueron secuestrados y extorsionados por grupos del crimen organizado.
El 2 de enero, la primera caravana de migrantes de este año, de más de mil personas, partió de Tapachula al municipio de Bejéteban en una carrera para llegar a la frontera antes de la toma de protesta de Trump. El grupo recibió un documento del Instituto de Migración que les permite transitar legalmente 20 días por el país. Aunque al menos 200 personas continúan la ruta a pie, muchos se han subido en autobuses para continuar su recorrido.
Wilmer José Hernández, que trabaja en la organización civil FM4 cuenta que el perfil de los migrantes ha cambiado bastante a lo largo de los años. En años anteriores los migrantes en su mayoría eran hombres de mediana edad, sin embargo, ahora no es raro recibir a familias enteras o adolescentes que no vienen acompañados, por lo que FM4, que alberga alrededor de 80 personas se ha adaptado a estos cambios ofertando programas educativos para niños entre otras actividades.
Esta organización no se encuentra rebasada, aunque hay albergues en la Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Baja California, Tabasco y Oaxaca que sí, los directivos han dicho que ya no pueden hospedar a la gente que llega, que a veces solo pueden ofrecerles algo de comer, y que no tienen medicamentos para los que están enfermos, según La Razón.
Y la inmigración persistirá mientras la descomposición social y las crisis políticas y económicas continúen azotando a los países expulsores. “La problemática migratoria no se resuelve atacando las consecuencias. Los principales países expulsores sufren de una situación política o una situación económica o de seguridad” dice Wilmer José Hernández. En FM4 piensan que el tema de la migración se tiene que discutir en la palestra internacional, que no se puede abarcar la crisis a partir de los esfuerzos de un solo país.
Cuando un inmigrante llega a FM4 hay un protocolo de ingreso en el que se detectan las necesidades jurídicas, psicosociales e incluso de inserción laboral. Se les explica que si migraron porque su vida estaba en riesgo, pueden aplicar para una protección internacional y pedir asilo en México.
FM4 está vinculado con el Sistema Nacional de Empleo y participan en las ferias de empleo para integrar a los migrantes que decidan quedarse en México. También han integrado a los vecinos de la organización a programas de comunidad hospitalaria.
En los procesos migratorios Wilmer identifica un muro mexicano, que es el muro de la burocracia. En el primer mandato de Trump, el Instituto de Migración retrasó varios trámites e incluso suspendió la tarjeta de visitante por razones humanitarias, por lo que muchos de los inmigrantes decidieron cruzar la frontera sin ningún apoyo legal.
“A México le ha tocado hacer el trabajo sucio, es decir, la retención, la demora en los procesos, la burocratización de los trámites, la suspensión de trámites sin tener ningún tipo de condicionamiento legal para ello. Un trámite de reconocimiento de visitante por razones humanitarias que podía tardar hasta 60 días ya por la suspensión del otorgamiento de esta tarjeta no sabemos cuánto va a tardar entonces esto hace que las personas abandonen masivamente los trámites, no confíen en poder quedarse acá en México porque tienen que solucionar su situación económica y entonces vuelvan otra vez a intentar llegar a la frontera norte”.
En FM4 se muestran escépticos ante la amenaza de deportación masiva de Trump, porque requiere de muchísimos recursos. Hasta ahora el presidente electo está usando el discurso populista que usó en su primer mandato, en el que no deportó a tantos migrantes como por ejemplo hizo Barack Obama.
¿Estados Unidos puede costear estas operaciones?
Las deportaciones masivas costarán aproximadamente 100 mil millones de dólares según la BBC. Eso sin contar las pérdidas económicas al aplicar los aranceles y la pérdida de mano de obra en las compañías y empresas
El sector agrícola, la industria de la construcción y otros servicios dependen en gran parte de la mano de obra latina, por lo que las deportaciones masivas afectarán estas industrias. Viri Ríos, en su columna en Milenio “Aportaciones de los mexicanos en Estados Unidos”, expone que, en 2028, habría una reducción del PIB real de este país de hasta el 9.7% si deporta entre 1.3 y 8.3 millones de migrantes e impone aranceles de 10 puntos porcentuales a sus socios comerciales, según un estudio del Peterson Institute for International Economics. 9.7% del PIB equivale a que el estado de Texas desapareciera.
Además, los 11 millones de inmigrantes no documentados constituyen el 3% de la población en Estados Unidos. Según Adam Isacson, citado por la BBC, que es experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses.
La globalización que se anunció en un principio como un proceso en el que las economías, las culturas y las sociedades de los diferentes países se interconectan, ha mostrado una gran contradicción: entre más inversión extranjera, más restrictivas y violentas se vuelven las fronteras. La globalización favorece intereses privados a costa de las personas.
